Las Administraciones Públicas y Gobiernos en General, y representantes políticos en particular están obligados a someterse al proceso de rendición de cuentas ante la sociedad y los ciudadanos a los que administran y representan.
La rendición de cuentas la podemos dividir en tres pilares fundamentales:
- La Obligación de Informar. El derecho a la información recogido en las incipientes normativas jurídicas, está reconocido como un derecho fundamental por la comisión internacional de derechos humanos de la ONU, la corte europea de derechos humanos y la corte inter-americana de derechos humanos.
La ley de transparencia española, así como los desarrollos legislativos autonómicos, los reglamentos y ordenanzas dividen este derecho a la información, en dos vías: una que obliga a la administración a informar de manera activa (publicidad activa) y la segunda que habilita al ciudadano a consultar y solicitar cualquier tipo información a través de los diferentes mecanismos previstos en el ordenamiento jurídico.
- La tarea de justificar las decisiones y acciones que se llevan a cabo. Una de las principales funciones del poder ejecutivo es, sin duda, la toma de decisiones a través de la planificación y ejecución de políticas públicas.
Pues bien, la accountability o rendición de cuentas es un elemento fundamental y vertebrador de los sistemas políticos democráticos. Todos la decisiones y políticas llevadas a cabo deben ser medibles y evaluables de forma cualitativa y cuantitativa a través de indices que nos permitan conocer la eficiencia y eficacia de las mismas, así como los costes y la utilidad.
- La posibilidad de sancionar por los errores cometidos. Esta tercera fase, cierra el ciclo de la rendición de cuentas. Hasta ahora, la mayoría de los sistemas democráticos, solo han dispuesto del derecho al sufragio como único mecanismo de recompensa o castigo ante las decisiones políticas adoptadas por los representantes públicos. Entendemos que este recurso democrático es insuficiente, y que se deben generar mecanismos sancionadores que impongan castigos concretos ante una incorrecta gestión de los recursos públicos, decisiones erróneas o cualquier otro tipo de negligencia política.
En definitiva: información, justificación y castigo.
No cabe duda, que el concepto de Rendición de Cuentas y Transparencia están íntimamente ligados. La transparencia y la apertura de los datos es un paso previo, necesario y complementario para una correcta rendición de cuentas. La accountability no es posible sin la transparencia. Al mismo tiempo, la transparencia es una forma de rendición de cuentas.
Además, la apertura de los datos permite un mayor control del ejecutivo por parte de los ciudadanos y la sociedad civil, y empodera a los órganos de contrapeso democráticamente establecidos, la oposición. Un mecanismo fundamental para la rendición de cuentas, es la evaluación de políticas públicas. Una vía en la que debemos seguir avanzando para mejorar la calidad de nuestras democracias.
La Transparencia es la la vía, es el camino para una efectiva rendición de cuentas. Pero también es uno de los pilares del buen gobierno: El Gobierno Abierto.
Juan Manuel Gómez Roa
Politólogo.
www.dyntra.org
Bibliografia: