La ley de Goodhart enunciada por este economista en 1975, o su homóloga Ley de Campbel de 1976, dicen algo así como ¨cuanto más utilizado sea un determinado indicador social cuantitativo para la toma de decisiones, mayor será la presión a la que estará sujeto y más probable será que corrompa y distorsione los procesos sociales que, se supone, debería monitorear ¨.

Pues bien, esta ley junto con una de las conclusiones del XIII Informe de Derechos humanos, titulado ¨Transparencia e información pública¨, editado por la FEDERACIÓN IBEROAMERICANA DE OMBUDSMAN y la Universidad de Álcala, que dice así:

¨La organización en España elabora diversos índices bastante con solidados de publicidad activa. Así, desde 2008 el de Ayuntamientos (ITA), desde 2010 las Comunidades Autónomas (INCAU), desde 2012 las Diputaciones provinciales (INDIP), desde 2010 la Gestión del Agua (INTRAG) o desde 2013 de los Parlamentos (IPAR). Se generan unas calificaciones a partir del análisis de las webs corporati- vas y la comprobación de si está o no la información relativa a 80 ítems. Estas mediciones han tenido mucho éxito en los últimos años y han estimulado mucho la mejora de la publicidad activa. Ahora bien, se ha llegado a que casi todas las organizaciones hayan alcanzado la máxima puntuación, lo cual hace pensar que habría que replantear- se la metodología a seguir para que no se relativice el valor de estos indicadores. En este sentido es bastante destacable la asociación Transparencia Pública y su muy completo índice «DYNTRA» de medición transparente y dinámica de la transparencia de las distintas organizaciones¨.

No viene, sino a dar sentido a lo que venimos defendiendo desde Dyntra y la Asociación Transparencia Pública. Y es que, la transparencia es un concepto dinámico, y por tanto su evaluación, también debe serlo. Además la configuración de los indices, debe legitimarse, mediante procesos abiertos y colaborativos. Estos indices deben evolucionar, al tiempo que lo hace la sociedad en su conjunto, y por supuesto deben reflejar, no solo los requerimientos que nos hace el ordenamiento jurídico, sino que deben ir y apuntar mucho más allá, hacia el campo de las demanda ciudadanas. No sería una locura hablar de un concepto más elevado, la evaluación o la auditoría social. Quienes están más legitimados para medir la transparencia, que  los ciudadanos y actores sociales. No son ellos, a los que Administraciones y gobiernos deben rendir cuentas.

Pues bien, este concepto es la esencia de Dyntra. Un índice basado en el potencial del capital humano, y elaborado por expertos (politólogos, sociólogos, juristas y tecnólogos), por la propias instituciones evaluadas, por la sociedad civil y la ciudadanía en su conjunto.

Un indice abierto (toda la información está en la red, indexada e hipervinculada con la fuente evaluada), transparente (fiscalizable por cualquiera) , colaborativo y dinámico (crecimiento continuo del nº de indicadores, los sujetos evaluados, y la información disponible de cada uno de ellos). Y lo más importante, un indice al servicio de todos: ciudadanos, sociedad civil, administraciones públicas, empresas privadas, organizaciones e instituciones de todo tipo y Gobiernos, tanto a nivel nacional como internacional.

No podemos permitirnos en el siglo XXI continuar midiendo la transparencia de lnstituciones, que está vivas y en constante evolución, cada dos años; a través de un formulario en papel; y que los datos se publiquen en un pdf, sin posibilidad de ser verificados y fiscalizados, y ante el cual solo nos queda hacer un acto de fe, para creernos sus conclusiones.

Este artículo se lo dedico a mi querido amigo. Enrique Benitez Palma, Consejero de la Cámara de Cuentas de Andalucia.

Juan Manuel Roa

Politólogo.