La Ley general de Transparencia y acceso a la información pública de la república de México, de fecha 4 de Mayo de 2015, en sus titulo II, artículos de 28 al 36 regula la integración, organización y función del Sistema Nacional de Transparencia, acceso a la información y protección de datos personales.

Este sistema, uno de los más avanzado del mundo, se compone de:

I. El Instituto nacional de transparencia.

II. Los Organismos garantes de las Entidades Federativas;

III. La Auditoría Superior de la Federación;

IV. El Archivo General de la Nación, y

V. El Instituto Nacional de Estadística y Geografía.

En cuanto a su conformación orgánica, este sistema cuenta con un consejo, presidido por el máximo responsable del instituto, en este momento la Doctora Ximena Puente; representantes de los órganos garantes, la auditoria superior, el archivo general y el Instituto de Estadística y geografía.

Entre sus funciones destacar la definición de políticas y lineamientos que permitan el cumplimiento de la ley: garantizar la igualdad en términos de accesibilidad; promover acciones de investigación y divulgación en la materia; generar metodológicas de evaluación y rendición de cuentas; establecer acciones para la implementación y mejora de la Plataforma Nacional de Transparencia; fomentar la digitalización de la información y el open data; promover la participación ciudadana; evaluar el programa nacional de transparencia y acceso a la información; coordinar las instancias que conforman el sistema; y el resto que se desprenden de la ley.

Toda la información sobre el sistema se puede encontrar en la web: http://snt.org.mx.

Sin duda, la creación de un ecosistema de transparencia tan complejo,  supone algunos retos que tendrán que ser tenidos en cuenta por el consejo. Como máximo órgano responsable de articular la construcción de las acciones que permitan la implementación de la ley, en los tres poderes del Estado y las entidades federativas, así como en el resto de sujetos obligados, que según conclusiones del IX seminario de transparencia y estadística judicial, se especula con un número que puede rondar los 8.000 sujetos obligados, incluyendo los fideicomisos.

Los 10 principales retos son:

• • • • El desarrollo de un plan nacional de transparencia, tal como prevé la ley, que permita desde una perspectiva estratégica la definión de los principales objetivos y acciones, a llevar a cabo para el cumpliendo del ordenamiento jurídico.  Todo desde el punto de vista de las necesidades generales que en una segunda etapa deberán ser adaptadas a las particularidades de las diferentes tipologías institucionales.
      • El diseño desarrollo e implementación eficiente de la Plataforma Nacional de Transparencia, herramienta que no debería se implementada, hasta tener clara la fase inicial de análisis y planificación estratégica. Este es uno de los principales errores que se han cometido en los procesos de transformación y apertura institucional: construir herramientas antes de la fase de análisis y planificación. Este  error  genera ineficiencia y una asignación inadecuada de los recursos públicos.
      • Evitar la sobrecarga de Estado, con la generación de órganos e instituciones creadas ad hoc, para implantar las políticas de transparencia. La aprobación de las leyes de transparencia debe ser eficiente, y asignar los recursos realmente necesarios para el la implantación de los requerimientos legales. Y todo esto, obviamente debe estar fijado en eso plan nacional de transparencia.
      • La implantación equitativa e igualitaria de la transparencia. Es decir, no sirve implantar la ley de forma heterogénea y descontrolada. La implementación debe ser uniforme en todos los niveles del Estado y sobre todo tener en cuenta la descentralización administrativa y política, propia de un estado federal.
      • La calidad de los datos, obviamente el sistema debe avanzar hacia un modelo open data, por lo tanto hay que replantear los sistema de gestión y las bases de datos para que el modelo genere datos en formato abierto y tenga en cuenta los elementos necesarios para que sea interoperable.
      • Un de los mayores retos sin duda es la generación de políticas que incorporen al ciudadano y a los principales actores sociales en los procesos de análisis, planificación, desarrollo e implantación de la transparencia. Es decir, que fomenten una participación activa de la ciudadania, creando unas sinergías que permitan la retroalimentación y la co-creación de un sistema que el ciudadano sienta como suyo, que le comprometa y permita una alta colaboración. Y no perciba que es algo impuesto por parte de los poderes públicos. El sistema debe alcanzar el empoderamiento de la ciudadania a través de la transparencia y el acceso a la información.
      • La generación de valor y utilidad pública. Solo basta, con navegar en la mayoría de herramientas federales e institucionales de transparencia, para darnos cuenta que nos encontramos con cientos y en el futuro miles de paginas web cargadas de datos y documentos ininteligibles e incomprensibles para la mayoría de los ciudadanos. En este momento el sistema nacional de transparencia genera y potencia el fenómeno de la Infoxicación, o lo que es lo mismo, sobrecarga informativa.
      • Las generación de metodologías de evaluación y control de los niveles de cumplimiento y optimización de la transparencia y el acceso a la información pública. Este punto lo veremos en otro articulo.
      • La formación y capacitación de los servidores públicos en general, para que se encuentren a la altura de la necesidades y demandas ciudadanas.
      • La generación de una cultura de la transparencia con carácter exógeno y endógeno, a través de la generación de planes de comunicación, que permitan generar corrientes de información positivas en torno a la transparencia; que fomenten una mayor conciencia social de la transparencia como herramienta de lucha contra la corrupción; que genere tendencias de mejora de la reputación institucional y la imagen internacional de país; y que ayuden a llevar los valores relacionados con la transparencia al resto de ecosistema socio económico del país.

 

Juan Manuel Gómez Roa

Politólogo

Dyntra Index Co-Founder