Al utilizar el término transparencia dentro del entorno público, podemos hacerlo en tres de sus acepciones: Transparencia económica o financiera, Transparencia Política, y Open Data. Las tres partes de está ecuación son sumamente importantes, pero quizás la parte crematística, es la que siempre ha preocupado más al ciudadano y sin ningún genero de dudas, en ella se centran los principales escándalos sobre corrupción.

Pues bien, la idea sobre la que gira este artículo, se fundamente en la implementación de tecnologías en el ámbito de las Administraciones Públicas, que permitan la transparencia financiera en tiempo real. No cabe duda, que en el momento actual, nos encontramos en  la mayoría de países a  años luz de este concepto. Las instituciones más avanzadas en cuanto a la implementación del Open Government, se limitan a publicar sus presupuestos consolidados, a un año vista,  en soportes Webs 1.0, y en la mayoría de los casos de manera inconclusa y opaca.

La idea sería contar con las tecnologías ya existentes en el entorno privado, y adaptarlas a la administración pública. Si cualquier persona de este planeta, realiza un pago, por ejemplo con su tarjeta de crédito, y puede verlo anotado en su cuenta bancaria de forma inmediata. Por qué no hacer lo mismo con las cuentas públicas. Si un ayuntamiento liquida una factura, por qué no podemos tener acceso a esa información en tiempo real, con todos los datos disponibles para la consulta. De esta manera, la rendición de cuentas es automática, al menos en lo que a lo económico se refiere y por tanto la fiscalización tendría carácter inmediato. De esta manera, impediríamos movimientos ilícitos que quedan ocultos en macro contabilidades, a las que solo tienen acceso unos cuantos, y que cuando se hacen públicas la transparencia brilla por su ausencia. No podemos permitirnos Organismos Públicos que no rinden cuentas, ni tan siquiera a las instituciones creadas ad hoc como supervisoras económicas del sistema público, los tribunales de cuentas.

Esta información debe aparecer en soportes digitales, en herramientas de consulta que permitan a los diferentes actores sociales valorar la gestión de los recursos públicos. Y sin lugar a dudas, la eficiencia máxima del sistema se completaría con la publicación en tiempo real de todos los movimientos económicos de las administraciones públicas.

En Brasil, por ejemplo, algunos de los Organismos públicos, ya cuentan con herramientas que posibilitan la divulgación de  los movimientos pecuniarios en 24 horas, lo cual es todo un avance a nivel mundial. No olvidemos que este país es uno de los más vanguardistas de mundo a nivel de aplicación de las Tics al ámbito público, con un alto desarrollo de la e-administración basado en el software libre, y del Gobierno abierto, liderando la organización Open Government Partnetship.

En España, a fecha de hoy, todavía estamos debatiendo una tardía y obsoleta Ley de Transparencia, que solo va a servir para acallar conciencias y mantener a las AAPP en la más absoluta opacidad.

 

Juan Manuel Gómez Roa

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